La defensa de los derechos de los niños, el respeto a un
supuesto estado de derecho y una política educativa que se dice es esencial
para el futuro del país, son argumentos con los cuales Peña Nieto y Aurelio
Nuño defienden la reforma educativa. De este modo, se presentan como la
personificación de una postura ética y han montado una costosísima campaña
publicitaria, acusando a sus opositores de ser representantes de la maldad, la
infamia, la mezquindad, los intereses ilegítimos.
No se necesitan muchas indagaciones para saber si el
compromiso de estos priístas es la ética. Además de los escándalos en que están
enlodados todos los días, sabemos que impusieron la mal llamada reforma
educativa mediante un acuerdo cupular que violó la Constitución, la base misma
del supuesto estado de derecho. Pero sobre todo, si estos compromisos del
gobierno de Peña Nieto fueran auténticos –y no hubieran puesto al frente sus
intereses políticos– las cosas se hubieran hecho de una manera totalmente
distinta, y sin los graves costos que está pagando el país.
Por su irresponsabilidad, la mal llamada reforma educativa
es un desastre. Este juicio no es una mera opinión personal de quien esto
escribe. Por ejemplo, el doctor Gilberto Guevara Niebla, ex subsecretario de
Educación Básica de la SEP, y uno de los cinco miembros de la junta directiva
del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), ha confesado
públicamente: Desde el principio se hicieron mal las cosas; definimos a la
carrera perfiles, parámetros, indicadores de medición, y eso también se hizo
mal. Cuando fue creado este INEE, hubo mucha presión política para echar a
andar las cosas rápido. Se obligó a salir muy rápido, no se informó
apropiadamente, se creó una estructura sobre la marcha y muy absurda, para
evaluar; además, para dirigir el proyecto más importante de la reforma
educativa se puso al frente a un administrador que es muy bueno para ver
números, mover plazas, pero nada más. Guevara también criticó la contratación
del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval) para que
evaluara e hiciera exámenes, sin ninguna experiencia en exámenes de educación
básica. Se les encargó y lo hicieron mal, a la carrera, urgente; mal. Todas
estas confesiones las consignó el diario La Crónica el pasado 17 de julio.
Y Silvia Schmelkes, la presidenta del INEE, ha hecho también
diversas declaraciones que, en conjunto, también configuran a la falsa reforma
educativa de este gobierno como un desastre, obligado por los intereses
políticos de los funcionarios del gobierno peñista. En este sentido, reconoció
que estos procesos de evaluación, los primeros en el marco de la reforma
educativa, presentaron diversos problemas técnicos y de aplicación: fallas en
los sistemas de cómputo, periodicidad muy frecuente entre los procesos de
evaluación, alta exigencia en la elaboración de instrumentos, problemas en
entrega de claves, presencia policiaca, instrumentos de evaluación que no
cumplieron con la confiabilidad técnica, entre otros; las cuales no se pudieron
corregir por falta de tiempo.
Como es evidente para quien tenga ojos y quiera ver, lo que
ambicionan estos funcionarios gubernamentales es pasar a la historia como los
salvadores de la patria mediante una reforma educativa que con ignorancia
supina califican de inédita, y abonar el camino para colocar a Aurelio Nuño
como el siguiente presidente priísta de la República.
Las demoledoras confesiones de los dirigentes del INEE
respecto de la reforma educativa se quedan cortas, pues los graves errores de
la misma son muchos más, y han sido señalados a lo largo de tres años por
muchos especialistas en asuntos educativos, por la CNTE y en este espacio. El
gobierno ha ignorado estos señalamientos. Ahora, en su siguiente irresponsable
paso, dirigido por los mismos intereses ilegítimos de los funcionarios, han
presentado dos voluminosos y abrumadores documentos de 475 páginas (Modelo y
Propuesta curricular 2016, que supuestamente significan una reforma nunca
vista) y tienen la pretensión de que se analicen y discutan ampliamente ¡en mes
y medio!, para que el nuevo modelo entre en operación en 2018. Evidentemente,
este plazo atiende a un calendario que no tiene otra justificación que esos
intereses irresponsables de los gobernantes priistas.
¿Y los intereses de los niños que Peña, Nuño y compañía
invocan cuando se enfrentan a la legítima oposición a sus irresponsables
acciones? ¿Dónde está la causa última de que se interrumpan clases, de que se
realicen marchas que obstaculizan el libre tránsito de los automóviles? Después
de esas confesiones de funcionarios de primerísimo nivel, y de análisis y
denuncias documentadas por especialistas en educación, ¿cómo pueden justificar
el uso de la fuerza pública que se ha traducido en la pérdida de vidas humanas?
Los directivos del INEE han hecho declaraciones que parecen
meras opiniones personales sobre asuntos que no les incumben. Han asumido que
su función es meramente técnica (validar los reactivos y demás instrumentos de
la evaluación del magisterio) y se desentienden de la función política de
graves consecuencias que están desempeñando. Siguiendo un criterio ético y las
atribuciones que les da la ley como organismo autónomo, deben exigir la anulación
de todo el proceso de evaluación del magisterio y sus consecuencias. También
deberían informar a la nación acerca de quién los presionó, cómo los
presionaron, y con qué los amenazaron.