La Jornada, sábado 25 de febrero del 2017;
Block de notas,
El municipio
de Cuetzalan encierra uno de los parajes más bellos de la sierra de Puebla.
Montañas, valles, riachuelos, plenos de vegetación, anuncian al visitante un
lugar en el que se detienen los vértigos de la actualidad. Apenas existe el
tráfico, la atmósfera es parsimoniosa, el turismo escaso y la vida gravita en
torno a sus secretos interiores. La mayor parte de la población es nahua. Sus
atardeceres son íntimos, el cielo todavía cuenta con estrellas y el ruido
nocturno, no obstante la ciudad, proviene del follaje. En sus calles hay de
todo: tiendas de abarrotes, fondas, sastrerías, tlapalerías… Pequeños y
enjundiosos negocios donde no falta nada. Las grutas y la cascada atraen a
turistas que se hospedan en hoteles modestos y honestos. El turismo familiar,
se le llama aquí.
Pero lo épico de Cuetzalan, además
de su larga historia de rebeliones y guerrillas, es el increíble cuidado de sí.
Durante una década y media, la población y los poderes del pueblo –las
asambleas, el cabildo, el ayuntamiento– han impedido el ingreso de las cadenas
comerciales, las industrias mineras, los grandes hoteles, la Comisión Federal
de Electricidad (CFE)… el huracán de las inversiones y, como se define hoy, de
la infraestructura; es decir, el capital global. Sus pobladores están
orgullosos de una fama que ya es incluso internacional: El primer pueblo que
venció a Walmart.
En efecto, entre 2010 y 2012
asambleas multitudinarias de los pueblos originarios de la región lograron
impedir que el consorcio internacional abriera una de sus filiales. También
ganaron batallas contra la CFE, que pretendía instalar un cableado para fines industriales,
y contra la cadena de hoteles Hyatt. El argumento es simple: La cascada es de
todos y las fiestas del pueblo no son para turistas.
Al salir de Cuetzalan no puede uno
dejar de imaginar la más anhelada de las utopías mexicanas actuales. ¿Qué pasaría
si súbitamente los Starbucks, los Walmarts, los Home Depots y las plazas
comerciales cerraran sus puertas y desaparecieran de nuestras ciudades? La
respuesta de los economistas sería previsible: se perderían miles de empleos y
fuentes de ingreso y crecimiento. ¿Pero realmente sería así? Tal vez surgirían
en cada cuadra pequeñas tiendas de abarrotes a la medida de la vida cotidiana;
la fonda o el restaurante de la esquina estarían administrados por una familia;
cada cuatro o cinco cuadras una breve tlapalería y una papelería. Algunas
panaderías, cada una con sus propias recetas. Con un transporte público más
coherente, el tráfico disminuiría y la ciudad tal vez se volvería menos
histérica. Acaso una librería en cada barrio y una biblioteca pública en cada
parque.
Hace poco estuve en Uruguay. Y esa
ha sido la fórmula de ese país para vivir mejor e hilvanar su tejido social,
cerrando el paso al crimen y la violencia urbana. Cierto, son 3.5 millones de
habitantes. Pero acaso esa sea la medida de lo gobernable en la era global. Un
país podría dividir sus regiones en unidades de esa demografía. Pero no sólo se
trata de Uruguay. Muchas ciudades de Italia y Grecia son hoy similares.
La guerra comercial y vivencial que
ya está en marcha con Estados Unidos plantea no sólo la necesidad, sino sobre
todo la posibilidad de repensar lo que sólo sucede al margen de la sociedad:
¿cómo organizar la vida de otra manera?
Salidas al régimen de excepción.-
El otro laboratorio de lo que está por venir se encuentra acaso en el extremo
opuesto del país, la frontera noroeste: Baja California. Durante varios meses,
amplios sectores de la población han emprendido un movimiento social y político
contra el gobernador Francisco Kiko Vega de la Madrid. En los últimos días de
enero, en parte a raíz del gasolinazo, se llegaron a reunir 45 mil personas en
la plaza cívica de Mexicali. Luchan no sólo para denunciar la corrupción y las
redes de impunidad fincadas por las administraciones panistas, sino, en cierta
manera, al igual que en Cuetzalan, por mejor calidad de vida. La actual Ley del
Agua ha hecho posible la concentración del líquido en un “cártel del agua”,
dejando los cultivos de los ejidatarios al desamparo. Las demandas del
movimiento se han multiplicado: exigen cancelar las concesiones para un nuevo y
peligroso basurero, el fin del remplacamiento, la revisión de los altísimos
prediales… En suma, un esfuerzo de la ciudadanía por plantear las formas de
gestión de la ciudad en su conjunto.
El 10 de febrero, el movimiento
formuló una agenda política que merece un estudio detallado. Es una propuesta
para modificar los órdenes principales de la representación pública: eliminar
las prebendas a los partidos políticos; abolir el fuero al gobernador y los
diputados; reducir el Congreso local, suprimiendo a los diputados
plurinominales; y abrir la posibilidad de la revocación del mandato. En pocas
palabras: retomar el programa de la democratización cancelado desde los años
90.
Las rupturas más severas en la
historia política del país han comenzado invariablemente cuando se sacude el
poder regional. Y es ahí donde acaso se está gestando la imaginación de cómo
desplazar a la élite gobernante que hoy, después de tres décadas, muestra todos
los síntomas del fin de una época.