Panorama
Nacional
Mons.
Diego Padrón, Presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana.
Enero 7, 2017
"En nuestro país, el
2016 ha terminado muy mal, con gran desesperanza. El saldo está en
rojo en todos los rubros. Casi 29 mil muertes violentas; hambre y
falta de comida que solo produce agonías y desnutrición;
desabastecimiento de medicinas, que provoca decesos y reaparición de
epidemias; más de 120 presos políticos injusta e
ilegalmente privados de libertad; corrupción generalizada, ataque sistémico
a la empresa no oficial y a los medios de comunicación
independientes, la inconsulta, violenta e inconstitucional
ideologización de la educación; los intentos de anular a la Asamblea
Nacional; el cierre del camino electoral; la crisis financiera
y, últimamente, la improvisación y confusión con el uso y desuso de
la moneda de mayor valor que creó gran incertidumbre y angustia en
la población, sobre todo entre los más pobres.
A este resumen de equivocadas políticas debo
añadir, al menos, tres experiencias, diversas en su modalidad, pero
convergentes en su potencial de revelar el deterioro de la calidad
humana y de la convivencia social y, en consecuencia, su carácter
interpelante: la masacre de Barlovento, los saqueos y el vandalismo
en Cumaná, Ciudad Bolívar y otros lugares y el asalto al Monasterio
Trapense en Mérida, junto con el robo y amedrentamiento a
los monjes, empleados y visitantes. Todo ello ejemplifica una verdad
patente, elemental y conclusiva: en la historia venezolana de los últimos
cincuenta años – si no más– los ciudadanos no habíamos atravesado
una etapa tan dura, incierta e injusta.
No obstante, en el mismo panorama nacional del
año, el acontecimiento más positivamente sobresaliente ha sido la
elección de Mons. Baltazar Enrique Porras Cardozo para Cardenal de
la Iglesia. Esta honrosa designación al actual Arzobispo de Mérida
lo convierte en un actor de las decisiones de mayor envergadura en
el pontificado romano. Ha pasado a ser oficialmente uno de
los consejeros inmediatos del Romano Pontífice. A partir de ahora,
sus opiniones y actuaciones tendrán resonancia mundial. Venezuela
toda ha salido ganando. El es un atleta del Espíritu, de la
dignidad, de la libertad y la verdad. Un experimentado defensor del
hombre y de sus derechos, en cualquier escenario, dentro y fuera de
nuestras fronteras.
Para la Iglesia venezolana este nombramiento
ha sido una designación que nos enorgullece, pues –como dice el
apóstol Pablo– en un cuerpo, cuando un miembro sufre, todos los demás
sufren, y cuando un miembro es honrado, todos los demás se felicitan
(Cf 1 Co 12,26). Ha sido un regalo del Papa Francisco a toda la
Iglesia y para toda Venezuela. Por eso los venezolanos le
estamos inmensamente agradecidos y rezamos ahora con mayor fervor
por él. Ha sido, además, una evidente ratificación de las líneas de
acción social evangelizadora de la Conferencia Episcopal Venezolana.
Ha sido también motivo de honda satisfacción
para nuestro gentilicio y nuestra Iglesia, la elección del P. Arturo
Sosa Abascal s.j., para el cargo de Prepósito General de la Compañía
de Jesús y primer sucesor de San Ignacio de Loyola que no proviene
del continente europeo.
El Padre Arturo, antiguo Provincial y Rector
de la Universidad Católica del Táchira, reputado investigador y
docente de la realidad política venezolana, es nuestro amigo y
hermano. El cuenta con nuestro afecto, nuestro reconocimiento y
nuestra oración. Como broche de oro, su elección ha coincidido con
la clausura del Año Centenario de la reinstalación de la presencia de
la Compañía de Jesús en nuestra tierra.
Durante los últimos meses del año ocupó la
cartelera el tema del llamado diálogo, tras un prologado in crescendo de las tensiones
políticas, pero, sobre todo, con un trasfondo de progresiva y
dramática realidad socioeconómica de carencias,
desafueros, improvisaciones y manipulaciones.
Sin distinción de ideologías o credos, la
población, los líderes políticos, las Iglesias, las universidades,
los medios de comunicación social y las más diversas instituciones
solicitaban, de modo apremiante, la apertura de un diálogo entre el
gobierno y la oposición. Parecía que todos, incluso el
gobierno, estábamos de acuerdo en que ése era el camino para
encontrar soluciones a los graves problemas del país. Pero después
del reciente intento fallido, a muchos les parece que aquella
inquietud era más una manifestación del subconsciente colectivo que
una solicitud razonada y una puesta en escena diáfana, estructurada
y con voluntad efectiva de llegar a acuerdos y cambios visibles
a respetar y poner en práctica de inmediato. Por ejemplo, la
liberación de todos los presos políticos.
La Mesa de Diálogo, integrada por cuatro
equipos de trabajo, sesionó con altibajos, y, en definitiva, su
mecanismo no funcionó. La metodología empleada no condujo a
resultados reales evaluables, como se esperaba; predominaron los
discursos y las promesas. Pero, sobre todo, el diálogo fracasó, en
esta ocasión, por una maligna conjunción de factores: no había entre
las partes voluntad sincera de dialogar; no se tomaron las
habituales previsiones de definición y organización para disponer
medios efectivos en función de fines y objetivos definidos
y consensuados, comenzando por el respeto mutuo y el reconocimiento del
otro, como muy bien expresó a las partes y a los facilitadores, en
carta posterior, el Secretario de Estado Vaticano y anterior Nuncio
en Venezuela, Cardenal Pietro Parolin. Su pregunta clave fue y sigue
siendo: ¿Dónde están los resultados?
La culpa del fracaso no fue del diálogo en sí,
como mecanismo, ni de los facilitadores del proceso, en el que todos
tuvieron una cuota, desigual, pero real, de preocupación, trabajo y
responsabilidad, en particular, sino de las partes sentadas en la
Mesa.
Y es que, en efecto, ambas partes, gobierno y
oposición, si bien a título diverso, no asumieron el diálogo en
función del país, sino que lo consideraron más bien como una simple
estrategia política, útil, no para dirimir los grandes conflictos que
afectan a todos por igual, sino para fines particulares,
incluso subalternos. A la vista de lo ocurrido, me atrevo
a concluir que para el partido oficial y el gobierno, el diálogo fue
más bien un instrumento para ganar tiempo y frenar la
presión interna y externa, y en concreto, el Referéndum Revocatorio
del mandato del Presidente de la República.
Para los sectores opositores, e incluso
algunos ex militantes del primer período oficialista y también los
llamados ni-ni, fue ocasión para exhibir las innumerables deficiencias, principalmente
del Poder Ejecutivo, pero también de los otros Poderes afines
o dependientes de él, en materia de derechos humanos, economía,
respeto a la autonomía de los Poderes del Estado, en particular del
Poder Legislativo, y transparencia en sus ejecutorias.
Algunos políticos y
analistas, adversarios o distantes de la Mesa de Diálogo, han
querido inculpar a la facilitación de la Santa Sede de haberse
dejado engañar por el Gobierno y de haber enfriado los ánimos para
la protesta en la calle y para proseguir la ruta del Referéndum
Revocatorio, en ese momento, a medio camino. Otros han querido descalificar
a la Conferencia Episcopal, atribuyéndole también una voluntad de
apaciguamiento de las movilizaciones, y otros han ido más allá,
pretendiendo descalificar al facilitador enviado de Roma, e incluso
al propio Papa Francisco.
Sin descartar que siempre es posible obrar con
mayor oportunidad, resulta fácil, aunque atrevido, hablar a
posteriori y desde fuera; pero bordea la irresponsabilidad y hasta
la mala fe pasar del juicio de actos a la imputación de intenciones
y la condena de personas. Es un caso emblemático de exigencia del
examen de la conciencia moral y de una conversión intelectual
y espiritual.
Frente a esa falsificación de los hechos, es
importante recordar, aunque sea someramente, la verdad histórica: el
responsable primero y principal de que no se haya realizado el
Referéndum Revocatorio en 2016 es el gobierno nacional que, temeroso
de someterse al veredicto popular, utilizó alguna
indecisión opositora, pero, sobre todo, subterfugios judiciales y la
mayoría que tiene en el Directorio del Consejo Nacional Electoral
para secuestrar, sin fecha límite, la convocatoria del Referendo, es
decir, para denegar de facto el derecho del pueblo al voto en
ejercicio de su soberanía.
Hay cuatro fechas que todo venezolano tiene
que tener muy claras: el 20, 22, 24 y 30 de octubre. El 20 el
Gobierno negó toda posibilidad al Referendo, el 22 se produjo el
asalto violento a la Asamblea Nacional, el 24 llegó al país el
representante del Papa, Monseñor Emil Paul Tscherrig, y el 30 se
produjo la primera reunión del hasta ahora frustrado diálogo nacional. Dicho de
otra manera, el secuestro del diálogo se produjo 10 días antes de la
instalación de la mesa y sus cuatro equipos.
Inculpar a la Santa Sede o a los
partidos políticos de oposición como supuestos responsables de que no
se haya favorecido la convocatoria efectiva del Referendo, no sólo
es incierto, sino que le quita el peso de la responsabilidad
histórica al único responsable real: las autoridades del gobierno
nacional y sus operadores electorales y judiciales.
Por otra parte, denigrar del diálogo en sí,
como procedimiento de solución de conflictos, es un error político,
histórico, sociológico, filosófico, estratégico, pero antes y aún
más, una falta de comprensión de lo que es el ser del hombre, una
negación del sentido y valor de la relación humana fundamentada en
la palabra compartida, pues los seres humanos somos constituidos
humanos por la palabra, y es también una actitud antiética en cuanto
representa implícitamente un rechazo a la palabra como vehículo
de comunicación y comunión, como instrumento de convicción y verdad,
y como paradigma de la expresión de libertad.
Estoy convencido de que más temprano que tarde
los líderes políticos, para sacar a este país de la crisis que lo
está destruyendo, invocando la democracia, tendrán que recurrir, en
nombre de la democracia, al diálogo, la negociación y los acuerdos,
únicos antídotos frente a la irracionalidad de la fuerza, la
corrupción y la violencia, símbolos por excelencia de los
peores males de esta sociedad.
En ese marco, por honestidad y deber de
justicia, los jefes de algunos partidos de la oposición deberían
admitir que en los días del diálogo no se comportaron a la altura de
las circunstancias. No quisieron retratarse hablando con un gobierno
que nunca ha dado garantías reales de cumplir lo que promete.
Prefirieron preservar sus candidaturas personales de todo
riesgo político-electoral. Pero este comportamiento táctico no los
libra de su responsabilidad frente al pueblo.
También a este intento de diálogo ineficaz le
faltó, en esa fase al menos, el apoyo decidido y oportuno, de la
ciudadanía y, más aún, de la sociedad civil organizada.
La tentación desgraciadamente recurrente tanto de las instituciones
civiles y democráticas como del común de los ciudadanos, es escurrir
el bulto, evadir la propia responsabilidad y fomentar la
antipolítica, haciendo caer el peso de todos los errores sobre los
partidos políticos, aislados o integrados en alguna organización o
alianza e incluso sobre la propia actividad política como instancia
de convivencia en sociedad, y realización personal de servicio del bien común.
Pero, al mismo tiempo, las organizaciones
políticas, sus militantes y la ciudadanía en general
tienen que reconocer que no pueden alcanzar dichos fines, de modo
pacífico, constitucional, democrático y electoral, sin la participación
coherente y articulada de las instituciones, incluida la militar,
cuyos miembros todos, como integrantes del pueblo soberano, tienen
derecho al sufragio electoral, dentro del respeto a las funciones
que la norma constitucional y las leyes les asignan y por las cuales
se responsabilizan. ¡En este proceso no se puede excluir a ningún
sector!
En nuestra sociedad, concebida como un amplio
bosque, cada sector, a manera de árboles, tiene sus propios planes; es
necesario cambiar de metodología de acción. Pasar de la metodología
individual o tribal de conuco a la de articulación de esfuerzos,
modelos y proyectos. Las condiciones de los sujetos llamados
a integrar una tal sinergia institucional son: honestidad
en las actuaciones, promoción y respeto de los derechos humanos, defensa
de la democracia y búsqueda del bien común.
En este sentido, la Conferencia Episcopal
renovará en los próximos días, como ejercicio de servicio
subsidiario al pueblo, su exhortación a todos los sectores del país
a traducir en programas, acciones y recursos, algunas líneas
básicas, positivas, incluyentes y prospectivas, de una propuesta
democrática, constitucional y pacífica, para la superación política
de la grave crisis que nos agobia.
Conclusión
En la historia del país ningún gobierno había
hecho sufrir tanto, por acción y omisión, al pueblo como el que
ahora administra formalmente las funciones. El desabastecimiento
dramático de alimentos y medicinas es la negación palpable de una
economía sana. La inseguridad y la violencia incontrolada es la negación
de la capacidad de gobernar con justicia y orden. La corrupción y la
injusticia sistemática imperantes son la antítesis de la honestidad
y la verdad. El control absoluto de las finanzas, del derecho a la
libre expresión y la persecución contra la disidencia son la
negación de la confianza, la libertad y el diálogo.
Lo anterior, más los intentos por
vulnerar la memoria de pertenencia a una comunidad histórica
y fundamentalmente una, el irrespeto a la dignidad inalienable de todos
y cada uno, así como del derecho y deber de participar en el diseño
y concreción de un presente común y de un futuro de esperanzas
compartidas, configuran una desfiguración ética y espiritual
intolerable.
La Conferencia Episcopal y cada Obispo en su
diócesis a lo largo de año 2016 no cesaron de ofrecer una visión
realista de la situación global que caracteriza al país en el
momento. De muchas maneras llamó a los dirigentes sociales y
políticos a pensar en el país antes que en parcialidades. Denunció sin
ambages todas las formas del mal que dañan a la sociedad. Promovió
el diálogo político entre el gobierno y la oposición, y solicitó al
Ejecutivo autorización para abrir un canal humanitario. Cáritas
Nacional ha ofrecido su infraestructura para coordinar el servicio
de distribuir medicinas, servicio que, en pequeña escala, ya viene
prestando.
La Conferencia Episcopal respalda al señor
Jorge Cardenal Urosa Savino, Arzobispo de Caracas, en su mensaje de
alerta al pueblo católico. El mayor desafío de los Obispos es
iluminar con la fe en Jesucristo y en su palabra la historia
presente y cooperar con el bienestar material y espiritual del
pueblo.
Por todo ello, con enorme pesar, pero con
realismo, debemos expresar, serena, pero firmemente, que los venezolanos
iniciamos el 2017 sumidos en un caos, es decir, vivimos una
real tragedia de consecuencias históricas, que afecta a personas,
comunidades e instituciones, y no sólo en su modalidades
funcionales, sino también en sus raíces más profundas, a la manera
de un verdadero daño humano, social, espiritual.
En este 2017 no podemos, sin embargo,
dejar que nadie ni nada nos robe la esperanza; este no es momento
para alimentar la depresión. La desesperanza no cabe en quien confía en el
ser humano, porque él es criatura redimida por Cristo. El es nuestra
esperanza radical. No todo está perdido, mientras haya una
ciudadanía consciente, con la fe y la esperanza activadas, capaz de
diseñar y emprender nuevos y mejores rumbos. Como nos dice el Papa
Francisco no tengamos cara de velorio o cementerio, sino de
fuerza transformadora de la realidad.
El llamado final es a desarmar los
espíritus, a desplegar una creatividad solidaria, y a mantener la esperanza
contra toda esperanza, (Rom. 4,18), porque la última palabra le
corresponde siempre a la vida y la justicia, la verdad y el
amor."
