BOLETÍN
SEMANAL; Trasparencia y Rendición de Cuentas
SEMANA
DEL 9 AL 15 DE MAYO
En
1992 México contaba con 46 millones de personas en pobreza por ingresos.
Veintitrés años y una infinidad de programas sociales después, la pobreza no
solo no ha disminuido sino que ésta se incrementó a 60.6 millones de personas
en 2012. Proporcionalmente hablando, no hubo un aumento radical pero tampoco
una disminución: se pasó de un 53.1% de población en pobreza a un 51.6% en
2012. Esto en un país en el cual, según Oxfam, el 1% de la población concentra
el 43% de la riqueza del país. ¿Qué es lo que ha pasado? Para la Acción
Ciudadana Frente a la Pobreza, coalición de organizaciones sociales, el fracaso
de las políticas y acciones contra la pobreza no se debe a la falta de
diagnósticos ni a la ausencia de propuestas; sin embargo, existen una serie de
problemas estructurales que han frenado la movilidad social y han producido que
la pobreza y la desigualdad sean una especie de destino manifiesto, heredándose
fatalmente por generaciones.
Un
ejemplo de esto lo documenta el estudio hecho por CONAPRED y el CIDE en el cual
se registra que el presupuesto federal discrimina y excluye a sectores de
población vulnerable como mujeres, niños, discapacitados, indígenas y adultos
mayores. La falta de transparencia y rendición de cuentas han generado que en
muchos de estos programas se desconozca la población beneficiaria, no se cuente
con un padrón de datos suficientes y de acceso abierto, que los requerimientos
de acceso a sean tan complejos que terminan por excluir a los beneficiarios y
que los objetivos y los resultados esperados no son identificables por lo que
se acaba excluyendo a más del 30% de la población objetivo. Otros esfuerzos de
organizaciones sociales como Transparencia Mexicana, Fundar y México Evalúa han
registrado la opacidad y la incapacidad del gobierno para generar un efecto
redistributivo en el diseño de la política social. Los más afectados son los
jóvenes -con más de 7 millones viviendo de trabajos precarios, las mujeres -15
millones en trabajos con menor paga o fuera del mercado laboral y los indígenas
-16 millones - que viven en situación de desigualdad. Para enfrentar el
problema, en su primer aniversario, la Acción Ciudadana Frente a la Pobreza
propone no solamente exigir el cumplimiento de las metas suscritas por México
como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) sino que además
propone una serie de acciones de entre las que destacan la exigencia de mayor
rendición de cuentas y combate a la corrupción pare evitar la duplicidad de
programas sociales que responden a ocurrencias políticas o a prácticas
clientelares. También considera aumentar los mecanismos de participación y
vigilancia social, que se fomente un presupuesto “sin moches” congruente con
las recomendaciones y resultados de evaluaciones y que se potencien las
acciones de otras coaliciones de organizaciones e instituciones como la Red por
la Rendición de Cuentas.
Por
otro lado, entre las acciones propuestas también se sugiere trabajar en el
cambio de mentalidades. Es decir, como corresponsables de la desigualdad, la
sociedad mexicana debe de cambiar la mentalidad de aquellos y aquéllas cuyas
prácticas privadas fomentan el abuso y la exclusión como es el caso de modelos
de negocio que pretenden apropiarse de riquezas naturales de pueblos indígenas
o la falta de respeto a los derechos de las trabajadoras domésticas. Corrupción
y desigualdad es la agenda prioritaria y es en la que habrá que trabajar en los
años que vienen.
