En la Ciudad
de México, siendo el día 15 del mes de septiembre de 2016, el suscrito
comparece nuevamente ante las autoridades que correspondan y ante el pueblo de
México, para exponer e interponer, con fundamento en lo establecido en los
artículos 8 y 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
2º. fracción I, 113, 116, 118 y demás relativos y aplicables del Código Federal
de Procedimientos Penales, una ratificación y ampliación de denuncia de hechos
por la posible comisión del delito de traición a la patria, tipificado en el
artículo 123 del Código Penal Federal, contra Enrique Peña Nieto, sus
funcionarios y quienes resulten responsables de anteriores gobiernos, por
acción u omisión en el ejercicio de sus funciones en los actos que a continuación
se describen:
1.- Alentar,
permitir y coadyuvar para que un porcentaje considerable del territorio
nacional sea entregado a corporaciones extranjeras mineras, en 70 por ciento
canadienses, que contaminan aguas, flora y fauna y atentan gravemente contra la
salud de los habitantes de su entorno, despojando en los hechos a los legítimos
dueños de las tierras de propiedad ejidal, comunal y privada, mediante
concesiones otorgadas a esas empresas, sin tomar en consideración que las
mismas se encuentran protegidas por el artículo 27 de la Constitución. Otras
corporaciones, como la Coca-Cola y cerveceras, al igual que las mineras, se han
adueñado de numerosas fuentes de agua, privatizando este líquido vital en
perjuicio de millones de mexicanos. Igualmente, enormes extensiones de
litorales y playas, han sido adjudicados a corporaciones extranjeras. Estas
acciones violentan gravemente la independencia, soberanía e integridad de la
nación mexicana, al enajenar y gravar territorio nacional y sus recursos, y contribuir
con ello a su desmembración.
2.- Ratificar
y continuar cumpliendo lo estipulado en el Tratado de Libre Comercio (TLC), la
Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (Aspan), y la
Iniciativa Mérida, que dañan gravemente la soberanía económica y política de la
nación, en beneficio del gobierno y las corporaciones de Estados Unidos,
particularmente, sin que estos tratados y mecanismos injerencistas hayan sido
sancionados por el Congreso de la Unión ni hayan sido consultados a la ciudadanía.
Por medio de Aspan y la Iniciativa Mérida, impuestas por los gobiernos
anteriores, y aceptados por el titular del Poder Ejecutivo federal en
funciones, agentes de corporaciones militares, policiacas y de inteligencia
extranjeros actúan en territorio nacional, algunos de ellos presuntamente
armados; estos agentes realizan tareas de seguridad e inteligencia e
interfieren y monitorean nuestras comunicaciones desde la Oficina Binacional de
Inteligencia, con sede en la Ciudad de México, donde actúan la Agencia de
Inteligencia Militar (DIA), la Oficina Nacional de Reconocimiento (NRO) y la
Agencia Nacional de Seguridad Nacional, dependientes del Departamento de la
Defensa de Estados Unidos. Asimismo, están presentes agentes de la Agencia
Federal Antinarcóticos (DEA), la Oficina Federal de Investigación (FBI) y la
Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), que responden al
Departamento de Justicia de ese país, y, claro, la Agencia Central de
Inteligencia (CIA). Estos organismos mantienen enlaces que consiguen
información requerida por los extranjeros en todas las dependencias militares,
de seguridad e inteligencia mexicanas, en una clara violación a la soberanía y
a la seguridad nacionales.
Ya en 2007
emplazamos al entonces procurador general de la República, Eduardo Medina Mora,
a responder sobre el hecho de que el gobierno de Estados Unidos contrató a la
empresa Verint Technology Inc para intervenir todos los sistemas de
comunicación de nuestro país, según el contrato 5-INLEC-07-M-0002, por un monto
de 2 millones 963 mil 438 dólares. El anuncio del contrato que ganó la
licitación fue publicado el 23 de febrero de 2007, en el sitio web de la
administración pública estadunidense. De lo que se desprende que dicha empresa,
u otra similar, continúa trabajando en el escrutinio de las comunicaciones de
los ciudadanos, afectando las garantías individuales y, nuevamente, la
soberanía nacional, sin que el gobierno actual haya dado cuenta de esta
denuncia pública. En ese entonces planteamos estas interrogantes, hoy vigentes:
¿Quiénes deciden qué particulares, organizaciones u organismos deben ser
vigilados? ¿Qué marco legal permite o no estas interferencias? ¿Quién clasifica
la información y bajo qué criterios? ¿Qué organismo local o extranjero interpreta
los datos obtenidos? ¿Es legal que un gobierno extranjero contrate una compañía
también foránea para intervenir comunicaciones nacionales? ¿Qué opinan al
respecto la CNDH, los integrantes del Congreso de la Unión, los ministros de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, quienes sin duda también serán
intervenidos en sus comunicaciones, en razón de la seguridad nacional y lucha
contra el terrorismo?
3.- Otro
hecho que configura el delito de traición a la patria es la reforma energética
que modificó los artículos 27 y 28 constitucionales, que ha profundizado la
privatización de Pemex en beneficio de corporaciones extranjeras y firmas
privadas de los allegados de Peña Nieto. Esta reforma constituye en los hechos
un acto de desnacionalización del petróleo y su entrega a las grandes
corporaciones estadunidenses, como Exxon, Mobil y Chevron, acorde con los
documentados artículos de mi colega y experto en el tema John Saxe-Fernández
(La Jornada, 25 de julio y 22 de agosto de 2013). Con la entrega de Pemex se
complementó el ciclo de la ocupación integral del país que ha venido
denunciando el grupo Paz con Democracia (La Jornada, 16/11/ 07).
4.- Recibir
al candidato republicano Donald Trump en la residencia oficial de Los Pinos,
quien es un abierto y autodeclarado enemigo de México y los mexicanos, suceso
también censurable de traición nacional. Por lo anteriormente expuesto,
respetuosamente pido se sirvan: Único.- Tener por interpuesta la presente
denuncia, solicitando a las autoridades competentes de los poderes Judicial y
Legislativo, en virtud de su interposición, procedan a efectuar todas las
diligencias pertinentes para que se acredite de manera fehaciente la
responsabilidad de los acusados en el delito que se les imputa.