Los maestros anuncian cierres de
carreteras exigiendo la reanudación del diálogo y, en respuesta, el gobierno
prepara la represión. Trump insulta y amenaza con cerrar la frontera de manera
permanente con un muro que pagarán los mexicanos; el sector empresarial guarda
respetuoso silencio y el presidente lo invita a dialogar en Los Pinos. Aun
cambiando todo lo que haya que cambiar, con esa decisión el gobierno deja sin
sustento político y ético la postura que adopta con los de casa, los maestros,
la de no dialogar y no llegar a acuerdos. Dar un trato digno al indigno y
negarlo a quienes han asumido la tarea de ser los mentores de la nación es
infligir un golpe aún más profundo a la vapuleada dignidad del país. Son los
maestros de escuelas públicas quienes han creado las condiciones para que
millones de mexicanos, incluyendo a aquellos que en alguna apartada y
polvorienta escuela del norte pudimos aprender a leer y escribir y conocer algo
de este nuestro país. Una tarea difícil y siempre mal pagada, pero digna como
pocas.
Afortunadamente, apenas hace dos
semanas el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) abrió
una ruta de diálogo al decidir la suspensión por un año de las evaluaciones a
los maestros. Una decisión importante que, en primer lugar, debió contar con la
anuencia de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Porque en un clima
político muy galvanizado se sabía que establecer una moratoria, así fuera
parcial, a la aplicación de la reforma, necesariamente tendría una lectura
política. Y así se manejó en varios medios, como un guiño a la CNTE. En segundo
lugar, con esta decisión el INEE confirma lo que en entrega anterior
planteábamos ( La Jornada, 20/08/2016), que era perfectamente válido y no
vulneraba el marco legal de la reforma educativa optar por no aplicar un tipo
de evaluación y dar preferencia a otro, más humano. Ahora, el INEE va más lejos
y considera perfectamente legal suspender completamente, así sea por un tiempo,
todo tipo de evaluación. Esta capacidad de dejar sin efecto temporal o incluso
indefinidamente (como ha venido ocurriendo con la evaluación descrita en los
artículos 15-20 de la ley) muestra, con toda la contundencia de los hechos, que
la SEP-INEE tiene un espacio enorme de flexibilidad en la aplicación de la ley
y, por tanto, un horizonte amplio de negociación. En tercer lugar, es alentador
observar que esta decisión suspensiva del INEE no ha generado absolutamente
ninguna crítica, comentario cauteloso o rechazo.
Ni siquiera Mexicanos Primero,
organización empresarial siempre pronta a señalar con dedo flamígero cualquier
desviación de la ley, alguna concesión a la CNTE, o la politiquería en lo
oscurito, como se denunciaba respecto de las mesas en la Secretaría de
Gobernación. Hay que recordar que ya en el pasado, en junio de 2014, la SEP de
Chuayffet suspendió por unas semanas la aplicación de una evaluación, y
entonces Mexicanos Primero, junto con el propio INEE, se fueron literalmente a
la yugular al secretario acusándolo de violentar la legalidad. Todo esto
significa que ahora es perfectamente posible para el gobierno encontrar una
salida al conflicto que no sea la de exigir la rendición incondicional y
humillante (como Trump exige al gobierno), mediante la no aplicación o
suspensión de una parte de la Ley General del Servicio Profesional Docente.
Lo que sigue es que el gobierno
federal reconozca lo que está ocurriendo: que sus propias acciones muestran que
es posible respetar el marco legal y responder a la demanda de que no se
vulneren los derechos de los maestros. Si con la suspensión en los hechos ha
abierto una puerta a la negociación, actuando de buena fe, ahora le corresponde
explorarla con la otra parte. Si no lo hace, incurrirá en la profunda
contradicción ética y política que significa haber abierto una puerta y luego,
sin probarla, cerrarla violentamente. Frente al país, los padres de familia,
los estudiantes y los propios empresarios que claman por el fin del conflicto,
deberá entonces explicar por qué no le apuesta al diálogo, por qué prefiere
reprimir al otro. En otras palabras, entrar en la dinámica de desaparecer al
otro, políticamente.
El presidente Rafael Correa, de
Ecuador, recientemente tomó esa ruta y ahora se dirige al absurdo: ha decretado
la desaparición administrativa de la Unión de Trabajadores de la Educación, el
sindicato nacional de maestros de ese país. Pero ni los movimientos
magisteriales como el actual ni los sindicatos que han sido fundacionales en la
historia moderna de América Latina pueden ser eliminados por decreto. Su
sustento histórico no es una ley o norma administrativa, han nacido de
inconformidades históricas tan profundas (y todavía más válidas hoy) que no
pueden dejar de hacerse sentir y reconocerse. Además, en la hora de peligro que
se avecina para la soberanía, son ellos, los más despreciados y pobres, los que
habrán de proporcionar un sustento de dignidad y resistencia del que en este
momento ya no puede prescindirse.
*Rector de la UACM